11 Razones ,¿no bastan once razones?

Las 11 razones ´contra´ Flors
La Sala califica de racionales los indicios de delito establecidos por el magistrado instructor y añade que no entra a valorar la prueba

FERRAN MONTENEGRO
REGINA LAGUNA

Los 11 indicios razonables que desgranó el magistrado instructor, José Flors, en su auto de 6 de julio, recurrido ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), no han sido derribados por el auto de archivo, que pese a los contundentes argumentos de las defensas, viene a establecer que su razonamiento "no puede calificarse de irracional" o "carente de toda lógica" sino como resultado valorativo de una investigación.En este sentido, la Sala califica las once pruebas presentadas por Flors como conclusiones fácticas provisionales dentro de los "cánones de la racionalidad". Y añade que la Sala no ha realizado actos de investigación ni ha tenido conocimiento directo de los hechos, por lo que su función revisora está limitada.A continuación se recuerdan las 11 razones de José Flors para finalizar las diligencias previas y pasar a la siguiente fase del procedimiento, ahora archivado por el TSJCV.1. Declaración del sastre José TomásEste testigo, encargado de las tiendas Milano y Forever Young, relató de forma razonada los hechos sin que se desprendiera ningún sentimiento de enemistad, odio o venganza hacia los imputados. Para la Sala, no importa que haya versiones diversas ya que el instructor se ha atenido a la documental.2. Los tiquets de la tienda de MilanoLos tiquets de caja de la tienda Milano dejan constancia del sistema de contabilidad de la empresa de la "concreta prenda a medida" suministrada y del pago que quedaba pendiente tras su entrega. Para la Sala, "no tiene mayor trascendencia" que, por ejemplo, Camps negara haber comprado allí porque devolvió los trajes, porque el sastre pudo haberse olvidado de cancelar el tiquet pendiente de pago.3. Los inventarios de pagos pendientesLos inventarios de los pagos pendientes que realizaba la cajera cada seis meses incluían las operaciones no saldadas con el número identificativo de las prendas servidas y en el importe adeudado en el listado se hacía expresa referencia a Camps, Betoret, Victor Camps y Ricardo Costa. Y ello con la indicación del número del tiquet de pago pendiente y de su importe. Estos nombres figuraban bajo la indicación: Comunidad Valenciana.4. La cajera y los inventarios de pagoLa cajera dijo que las anotaciones de los nombres que ella misma realizó en los inventarios de pagos pendientes las hizo en atención a lo que constaba escrito en la copia de color de los resguardos.5. Los tiquets para cancelar deudas pendientesLos tiquets para la cancelación de las deudas pendientes, con referencia individualizada al tiquet que quedó pendiente y al medio de pago, lo que corrobora su pago por un tercero. También establece la Sala del Tribunal Superior de la Comunidad que la conclusión del instructor es correcta en base al tiquet pendiente de pago y a las hojas de confirmación del pedido de la empresa de sastrería.6. Correos electrónicos internos en Milano El conocimiento por parte de los empleados de Milano de la manera de suministrar prendas a personas de relevancia política de la Comunidad Valenciana, como se desprende de los correos electrónicos internos.7. Encargos de sastrería para efectuar arreglosLas hojas de encargo de sastrería cumplimentadas en la tienda de Forever Young y remitidas a la empresa que hacía los arreglos, Sastsgor, con indicación del destinatario: Francisco Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret. Aquí señala el magistrado instructor que lo importante es la secuencia documental y reitera los "parámetros de racionalidad" del magistrado instructor de la causa.8. Pagos pendientes generados por Forever YoungLos recibos de pagos pendientes generados por Forever Young como consecuencia de los pedidos o encargos de las prendas, con indicación nominal del cliente. Por ejemplo, cuando Camps fue registrado como "nuevo cliente". Reconoce una cierta dificultad en la dinámica y forma de pago global de las prendas.9. Confirmación de pedidos por la empresaLas hojas de confirmación de los pedidos expedidas por la empresa de sastrería y la facturación emitida, con referencia nominal a Camps, Costa, Campos y Betoret.10. Instrumentos de pago de la deudaLos instrumentos de pagos de la deuda, que evidencian el abono y la identidad del pagador. Aquí el magistrado instructor mantiene que no ha podido determinar quién hizo la relación nominal imputando las deudas pendientes y su cancelación.y 11. Conversaciones telefónicasLa cadena de conversaciones telefónicas mantenidas entre José Tomás, Pablo Crespo -uno de los cabecillas de la trama junto a Francisco Correa-, Manuel Delgado, Álvaro Pérez El Bigotes -responsable de la filial valenciana de la red de empresas- y el portavoz popular en las Cortes, Ricardo Costa, tras ser llamado el sastre a declarar ante la Fiscalía.

Dos lecturas de un mismo delito

La interpretación del artículo penal que regula el cohecho divide a los jueces del 'caso Gürtel'.- La clave es dirimir si Camps recibió regalos por su cargo
VERA GUTIÉRREZ CALVO - Madrid - 04/08/2009



"Yo me pago mis trajes", afirmó hace cinco meses Francisco Camps. Pero no: todos los jueces que han intervenido en la investigación de la trama Gürtel coinciden en que varios de los trajes de su fondo de armario se los regalaron -al presidente valenciano y a otros tres altos cargos del PP en esa comunidad- los empresarios de la red corrupta de Francisco Correa. También llegan a esa conclusión los jueces que ayer resolvieron archivar la causa. Pero lo que ellos sostienen es que recibir esos regalos -admiten que, haberlos, parece que los hubo- no es delito.


Un tribunal dividido salva a Camps
"Camps no tenía ninguna competencia respecto a la adjudicación de contratos"
El PP readmite a Víctor Campos tras el archivo del 'caso Gürtel' en Valencia

Y ahí es donde estos dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), Juan Luis de la Rúa y José Francisco Ceres, discrepan del resto de jueces que han participado hasta la fecha en el proceso: el instructor en Valencia, José Flors; el instructor en Madrid, Antonio Pedreira; el primer juez que vio la causa, Baltasar Garzón; y Juan Montero, el juez del TSJCV que ayer emitió un voto particular contra la decisión de sus colegas. Los cuatro últimos creen que los regalos a Camps pueden entrar en lo tipificado en el artículo 426 del Código Penal sobre el cohecho pasivo: "La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses"; Ceres y De la Rúa sostienen que no. Éstos son sus argumentos.

EL AUTO DEL TSJCV Cortesía y usos sociales
El Tribunal Superior subraya que su cometido no es esclarecer los hechos sino sólo comprobar si la instrucción del caso, realizada por el juez Flors, ha sido racional, coherente y no arbitraria. Los acusados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret afirmaban que no lo había sido por dos razones: aseguraban que no recibieron ningún regalo y, además, decían que, de haberlos recibido, no habría sido en función de su cargo.

El auto del TSJCV les quita la razón en el primer punto y se la da en el segundo. No hay motivos, señala el auto, para creer que el instructor se equivoca al establecer que los regalos existieron; pero no está acreditado, añade, que esos regalos tuvieran relación con el cargo de los políticos agasajados. Podría tratarse, según los magistrados, de meros regalos de cortesía amparados por los usos sociales. O, dicho de otra manera, no hay por qué pensar que, a cambio de los regalos, dieron trato de favor a las empresas: "No cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público [...] implique [...] que necesariamente se realiza 'en consideración a su función". Y recuerdan que ni Camps ni Costa ni Betoret ni Campos tenían "por objeto de su cargo o función ninguna relación o competencia respecto de la adjudicación de contratos".

INSTRUCCIÓN Y VOTO PARTICULAR Objetivo: complacer
El instructor de la causa en Valencia, José Flors, dejó claro en su auto del 6 de julio que "no existe constancia de ninguna relación directa" entre los regalos realizados por la trama a los políticos del PP "y los concretos actos de contratación" de los que se beneficiaron esas empresas en Valencia. Pero el cohecho pasivo no consiste en que quien recibe regalos dé a cambio favores, sino simplemente en que los reciba "en consideración a su función", y Flors sostenía que eso sí había ocurrido.

"La finalidad perseguida [de los empresarios corruptos] no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas [los políticos del PP], obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de determinada contraprestación", reza su resolución. Flors descarta que los regalos puedan ser enmarcados dentro de la "cortesía" o los usos sociales, dada "la peculiaridad del objeto regalado, la reiteración en su entrega y su mismo valor".

Juan Montero, tercer miembro de la sala de lo Civil y Penal del TSJCV, formuló ayer un voto particular contra el auto de archivo. En su opinión, para saber si se ha cometido cohecho pasivo no es necesario probar "una relación de causalidad" (entre el regalo y la capacidad del agasajado para otorgar favores) tan estricta como la que exigen sus compañeros de sala.

LO QUE DIJO GARZÓN "No eludir la acción penal"
Baltasar Garzón, juez que inició la investigación del caso Gürtel, se inhibió de éste el pasado 5 de marzo en un auto en el que, entre otras actividades de la trama, enumeraba los regalos en ropa a Camps. En ese auto, Garzón afirmaba que "no puede eludirse la investigación penal" de esos regalos, y proponía los artículos del Código Penal que debían ser valorados: el 426 (cohecho), el 428 (tráfico de influencias) y el 390 (falsedad de las facturas).

LA INVESTIGACIÓN DE PEDREIRA Unos dan y otros reciben
La fiscalía pidió el 27 de julio que el Tribunal Superior valenciano asumiese, junto a la investigación sobre Camps, la de los empresarios que le hicieron regalos. El juez de la parte madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, señala en un auto el 28 de julio: "Este magistrado instructor hace suya la fundamentación invocada por el Ministerio Fiscal". Y la fundamentación dice que el cohecho activo que se imputa a los cabecillas de la trama "no es sino el reverso del cohecho pasivo que se imputa a los cargos públicos de Valencia".

Camps declara que abonó los trajes en metálico en la tienda.

Sostiene ante el juez que pagó 2.400 euros por cuatro trajes
No tiene facturas y alega que nunca usa la tarjeta de crédito
G. Peñalosa C. Remírez de Ganuza Valencia Madrid
Actualizado jueves 21/05/2009 05:55 horasDisminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto Comentarios 92
El PP mostró este miércoles de nuevo su total apoyo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Tal y como han hecho desde que el caso Gürtel le alcanzara, y para que no quedase duda de este respaldo, sus tres vicepresidentes -Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino- y la alcaldesa Rita Barberá le acompañaron hasta la puerta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde declaró como imputado.

El jefe del Consell se sentó ante el juez que instruye la rama valenciana del caso, el magistrado José Flors, y le aseguró que pagó en metálico los trajes en la tienda de Forever Young en Madrid, que nunca usa tarjeta de crédito y que su esposa, farmacéutica, es quien dirige la economía familiar.

Además, contó que incluso su escolta tuvo que prestarle 150 euros en una ocasión para pagar una chaqueta que había adquirido. Aseguró, asimismo, que conoce a Álvaro Pérez, El Bigotes, pero que no tiene una relación de amistad con él.

La comparecencia de Camps se prolongó durante 45 minutos, y tras ella el juez no adoptó ninguna medida cautelar. Estaba previsto que comenzase a las 10.00 horas, pero el presidente llegó a la sede judicial una hora antes. Una vez superada la multitud que le daba ánimos y el grupo de detractores que le jaleó con sorna, dio comienzo un interrogatorio que se extendió hasta las 11.15 horas.

Francisco Camps relató al instructor que los cuatro trajes que, supuestamente, le regaló Forever Young, una de las empresas de Francisco Correa, los pagó en efectivo.

Asegura que en una ocasión un escolta tuvo que pagar 150 € por una chaquetaAñadió que nunca usa tarjeta de crédito -salvo en viajes al extranjero- para evitar dar la sensación de sufragar con dinero público cualquier gasto que no sea protocolario. De hecho, indicó que en una ocasión incluso tuvo que pedir prestados 150 euros a su escolta porque el dinero que llevaba no era suficiente para satisfacer el pago de una chaqueta azul marino.

Según señaló, es su esposa, Isabel Bas, quien dirige la economía familiar y cuando sale de Valencia es ella la que le da dinero, bien del banco o bien de la caja de la farmacia de la que es propietaria.

El presidente de la Generalitat apuntó que encargaba los trajes cuando viajaba a Madrid y los recogía cuando regresaba a la capital, siempre por trabajo. Sin embargo, no pudo justificar la compra puesto que, tal como señaló, no tiene las facturas que acrediten que adquirió la ropa. Sí aportó documentación que justifica su escaso uso de la tarjeta de crédito.

Además, Camps aseveró que conoció al sastre de Milano y Forever Young, José Tomás, porque Álvaro Pérez, el propietario de Orange Market, se lo había recomendado. El primer contacto no fue muy fructífero, ya que le devolvió unos trajes de Milano porque no había quedado satisfecho.

Después, dijo, Tomás contactó con él para recomponer la relación, y el político le encargó más ropa y se la pagó; no en el momento de la entrega, sino días más tarde y en metálico.

El juez Baltasar Garzón insinuó en su auto -antes de inhibirse ante el alto tribunal autonómico- que el valor de la ropa que supuestamente recibió como regalo superaba los 12.000 euros. Sin embargo, Camps cifró en 2.400 euros el precio de los cuatro trajes que compró en tres años, con un coste de entre 600 y 650 euros cada uno.

Sostiene que su mujer devolvió un reloj y una pulsera, ambos regalos de 'El Bigotes'En la recta final de su comparecencia, el presidente admitió que conocía al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, -el hombre de Correa en la Comunidad Valenciana, también imputado-, y señaló que la relación era "buena", aunque nunca se refirió a ella como amistad.

El jefe del Consell relató al magistrado que su primer contacto con El Bigotes fue en el año 2002, en un acto en Alicante en el que anunció su candidatura para presidir el Gobierno valenciano.

En el transcurso de la declaración, el magistrado pidió que se reprodujeran algunas de las conversaciones del sumario. En la conversación entre él, su esposa, Isabel Bas, y El Bigotes, cuando hablaron de supuestos regalos de Navidad, la esposa de Camps le dijo a Álvaro Pérez: "Mañana pásate por la farma", en referencia a la farmacia de la familia.

Sobre esta cuestión, el político explicó al magistrado que Pérez acudió a la botica y que Isabel le devolvió tanto el reloj que, supuestamente, le había regalado El Bigotes en Navidad como la pulsera que había enviado a su hija. Afirmó que él nunca llegó a ver el reloj.

Las preguntas de las dos fiscales Anticorrupción se limitaron al posible cohecho vinculado a los trajes, y en ningún caso se refirieron a una presunta financiación ilegal del Partido Popular.

Tampoco se incidió en las numerosas adjudicaciones que ha realizado la Generalitat a Orange Market en los últimos años y que se investigan en la causa. El abogado del presidente valenciano basó parte de su defensa en las contradicciones en las que ha incurrido José Tomás.

Apunta que su esposa le da dinero bien del banco o de la caja que genera la farmaciaÉste declaró inicialmente a EL MUNDO que Camps se había pagado siempre sus trajes, aunque posteriormente, tanto en declaraciones a El País como ante el juez Baltasar Garzón, aseguró que los había pagado parte de la trama de la que formaban parte Álvaro Pérez y Francisco Correa.

Hoy está prevista la comparecencia de José Tomás. El resto de declaraciones se retomará el próximo martes, con el testimonio de 35 funcionarios de siete consellerias diferentes, a los que el magistrado ha citado como testigos con un intervalo de cinco minutos.

El instructor desea conocer en profundidar cuál es el vínculo entre el Gobierno valenciano y Orange Market para determinar si hubo beneficios a la filial de la empresa de Francisco Correa que dirigía El Bigotes en la Comunidad Valenciana.

El juez discrepante: "El cohecho impropio no requiere una relación de causalidad"

Juan Montero Aroca, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, no comparte la tesis de sus dos compañeros que impiden juzgar a Francisco Camps. En un voto particular de apenas un folio, lo justifica así:


"Camps no tenía ninguna competencia respecto a la adjudicación de contratos"
El PP readmite a Víctor Campos tras el archivo del 'caso Gürtel' en Valencia

Dos dudas. ?La discrepancia responde a dos dudas. La mayoría de la Sala considera, con razones perfectamente atendibles, que existe seguridad en la conclusión de que los hechos imputados a los Sres. Camps, Campos y Betoret no son constitutivos de delito y lo hace asumiendo la que estima jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las dudas de este magistrado radican, primero, en si los hechos pudieran ser constitutivos de delito y, segundo, en que no está convencido de que la jurisprudencia reseñada en el auto responda a la interpretación que estima adecuada del artículo 426, primer inciso, del Código Penal?.

Continuación del proceso. ?En el trámite en que se encuentra el proceso, la decisión que decrete el sobreseimiento debería responder a la seguridad (en sentido jurídico) de que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la decisión sobre la continuación del proceso se basaría, simplemente, en que los hechos pudieran ser constitutivos de delito; en un caso no son y en el otro pudieran ser?.

Causalidad. ?Pues bien, este magistrado no está convencido de que los hechos imputados a los Sres. Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito. Ese no convencimiento radica en que el tipo del artículo 426, inciso primero, requiere, sí, que la dádiva tenga algún sentido o adecuación a la función de la autoridad o del funcionario, de modo que no quepa decir que no existe relación alguna (y por esto se comparte el sobreseimiento del Sr. Costa, dada su condición de diputado en las Cortes Valencianas, no de miembro de los órganos de gobierno de la Generalidad Valenciana), pero no parece a este magistrado que ese tipo penal tenga que requerir una relación de causalidad, por lo menos en los términos que en el auto se dice y respecto de los Sres. Camps, Campos y Betoret. Esta falta de convencimiento me debe llevar a discrepar de la mayoría de la mayoría de la sala.

PUBLICADO POR EL PAIS

El juez Flors dice que las prendas se pagaron con la Caja B de Correa

El juez relaciona la aceptación de las prendas como regalo con el pago realizado por alguien "interesado en la adjudicación de contratos"

REGINA LAGUNA VALENCIA

Una nueva prueba procedente de la investigación sobre la trama de corrupción del PP, que lleva a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha reafirmado al juez en las imputaciones de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por un delito de cohecho. Se trata del informe de la Oficina Nacional de Fraude en el que se atribuye el pago de los trajes de los cuatro imputados en Valencia a través de la "tesorería oculta de la Caja B" de Orange Market, además de los manuscritos hallados en el despacho de Francisco Correa, que atribuía a éste y a Pablo Crespo los pagos de prendas.
La nueva documentación ha llevado al juez instructor, José Flors, a relacionar directamente los regalos con la adjudicación de contratos a Orange Market. En este sentido, el auto concreta la imputación de Camps, Costa, Campos y Betoret diciendo que los hechos que "indiciariamente se atribuyen" no consisten en la "mera aceptación de un único regalo que se le hubiera podido ofrecer ocasionalmente por alguien". Al contrario, remarca el juez, "lo que parece desprenderse" de la investigación es que"esas personas encargaron personalmente en distintos lugares y en diferentes ocasiones varias prendas de vestir a medida y algún otro objeto que eligieron, sin pagar su precio ni en el momento del encargo ni el momento de la recepción, aceptando que ese precio fuera satisfecho por un tercero que, además, estaba interesado en la adjudicación de contratos por la Generalitat Valenciana".
Respecto a las pruebas elaboradas por la Oficina de Fraude de la Agencia Tributaria, la primera de ellas se refiere a los pagos pendientes de Milano, relacionados con Camps y Campos, que "pudieron hacerse por Pablo Crespo con el dinero en metálico que el mismo 23 de enero recibió de la tesorería oculta o Caja B de Orange Market".
La segunda prueba viene de la documentación intervenida en el piso franco de Correa, el despacho de la calle Serrano, donde había un sobre con varias hojas manuscritas. Su contenido era un listado con los nombres de los imputados, con fechas y cantidades en euros, además de los datos de una cuenta bancaria de Milano "donde poder hacer un ingreso o transferencia".

Nuevas diligencias
Por último, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez denegó la suspensión del procedimiento pedida por las defensas y aceptó la petición de algunas pruebas de las acusaciones. Así, ordena varias diligencias de la Fiscalía consistentes en peticiones de facturas, pedidos y documentación bancaria. Respecto a la petición de la acusación popular, ha ordenado la remisión de la sentencia de despido a favor del sastre José Tomás.


PUBLICADO EN EL LEVANTE

Cronología de la investigación por presunta corrupción

Hay 55 imputados, 52 en libertad y tres en prisión. Tres alcaldes del PP y un director de Ayuntamiento han dimitido.La Justicia valenciana archiva la causa por cohecho contra Camps.
Claves para entender la trama de corrrupción.Minuteca todo sobre: Corrupción SUSANA ELGUEA. 03.08.2009 - 18.59 hLa 'operación Gürtel' ('correa' en alemán, denominada así por el apellido de Francisco Correa considerado el líder de la trama de corrupción), ha costado ya el puesto a tres alcaldes, una concejal, un consejero de la Comunidad de Madrid, un diputado, un director general de Ayuntamiento, dos cargos de confianza; y el último, el tesorero del PP, Luis Bárcenas. Todos son del PP. Este es el desarrollo cronológico para entender la presunta red de corrupción y connivencia entre empresas y políticos.

6 de febrero: La Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abre una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

Comienzan a surgir los vínculos de los detenidos con el PP: uno de los cinco detenidos es un empresario muy ligado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP. Después de sabría que el detenido es Francisco Correa, al que se considera cabecilla de la supuesta red corrupta.

8 de febrero: Salen a la luz en distintos medios de comunicación los nombres de algunos de los miembros del PP presuntamente implicados en la trama: Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte; Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; y Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.

9 de febrero: Ante las sospechas de la imputación de González Panero, López Viejo y Ortega, comienzan las dimisiones. La más sonada, la del consejero de Esperanza Aguirre, López Viejo; también cesa en su puesto Guillermo Ortega y Rajoy anuncia la dimisión del alcalde de Boadilla, aunque González Panero tardó 24 horas en hacerlo, desmintió a Rajoy y finalmente dimitió como alcalde, pero no como concejal.

Un nuevo detenido se suma a la lista: Álvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market, que organizó actos para el PP.

10 de febrero: Garzón amplía su auto y ya son 37 los imputados en la presunta trama.

El PP se queja ante el juez de la Audiencia por las filtraciones del sumario que llegan a la prensa y 24 horas después pide la recusación del juez y anuncia el fin del pacto de la Justicia firmado por el Gobierno al conocerse que el entonces ministro Bermejo coincidió con Garzón en una cacería sólo un día después de que saliera a la luz la operación de la Audiencia Nacional.

12 de febrero: Garzón manda a prisión a tres de los detenidos por la presunta trama corrupta: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. El juez los acusa de delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho. Por otro lado, queda en libertad Álvaro Pérez Alonso.

19 de febrero: Dos periódicos relacionan al presidente valenciano, Francisco Camps, con la trama. Al parecer, habría conseguido trajes por valor de 30.000 euros por favores a la trama.

Camps comparece esa misma mañana para desmentir por completo las acusaciones y defiende sus "20 años de vida pública al servicio del interés general".

20 de febrero: Nueva víctima política por la trama en la Comunidad de Madrid. Alberto Ruiz-Gallardón cesa a José Javier Nombela, asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa de Madrid, también imputado por Garzón. También fue apartado de su cargo el director de la Empresa Municipal de la Empresa y el Suelo, Guillermo Pariente.

En plena investigación, el juez Garzón ingresa en una clínica por una crisis de ansiedad, un día después le dan el alta. Durante su baja, se encarga del caso el juez Pedraz, que se limitó a aplazar las declaraciones que Garzón tenía previstas.

25 de febrero: Con Garzón recién incorporado al trabajo, el PP presenta una querella contra el juez por prevaricación. Horas después, el magistrado implica en la trama al eurodiputado del PP Gerardo Galeote y al senador Luis Bárcenas. Además, Garzón desmiente las informaciones aparecidas en prensa que involucran en la trama al diputado del PP Esteban González Pons. Lejos de celebrarlo, el PP acusa al juez de haberse saltado el secreto del sumario del caso.

5 de marzo: Tras las peticiones de la Fiscalía y el PP, y los indicios hallados contra aforados (diputados, senadores y otros altos cargos políticos que no pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional), el juez Garzón se inhibe del caso 'Gürtel' y cede la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid. El juez amplía las imputaciones a otros seis miembros del PP: Francisco Camps (presidente de la Comunidad Valenciana); Ricardo Costa (secretario general del PP en Valencia); Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid), Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte), Jesús Sepúlveda (alcalde de Pozuelo de Alarcón) y Ginés López (alcalde de Arganda del Rey).


Tras finalizar los interrogatorios, Garzón deja en libertad a 34 de los 37 imputados. Por ahora, sólo están en prisión Francisco Correa, y sus dos socios, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

6 de marzo: El caso 'Gürtel' se cobra otras dos víctimas en el PP. Dimiten los alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López, y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda.

Por otra parte dimite el director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), Tomás Martín Morales, presenta su dimisión a petición del alcalde, Juan Siguero (PP), tras conocerse su imputación en el caso Gürtel.


El PP anuncia que suspende de militancia a todos los miebros del partido imputados por Garzón, a excepción de los aforados de la Comunidad de Madrid hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

12 de marzo: Mariano Rajoy insiste en desvincular a su partido de la trama corrupta. Asegura que la gente de Francisco Correa "no ha entregado ni un sólo euro al PP" y defiende a ultranza a Francisco Camps. Además, dice que "habrá que demostrar" que Correa regaló un Jaguar de 8 millones de pesetas al ex alcalde de Pozuelo, casado con la diputada 'popular' Ana Mato.

15 de marzo: José Tomás, supuesto sastre de Francisco Camps, asegura en un entrevista en el diario El País que el presidente valenciano le llamó en varias ocasiones muy nervioso para saber si había facturas de trajes a su nombre cuando supo que declararía ante el juez Garzón. Asimismo, Tomás indica que los trajes de lujo que regalaba a políticos valencianos eran pagados por Orange Market con billetes de 500 euros.


17 de marzo: Los tres únicos imputados encarcelados por el 'caso Gürtel' -el líder de la supuesta trama, Francisco Correa, y sus presuntos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo- acuden a la Audiencia Nacional para abrir su correspondencia ante el juez Baltasar Garzón. La ley permite al magistrado aplicar esta medida para saber si en las cartas recibidas en la cárcel hay algo de interés para su investigación.

27 de marzo: Baltasar Garzón imputa a otras diez personas en la llamada 'Operación Gürtel', con lo que el número de imputados se eleva a 55. Algunos de estos nuevos imputados están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España. El lunes 30 de marzo los deja en libertad.

31 de marzo: La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acuerda aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel', al encontrar indicios de corrupción en tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid. Se trata de Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, que según el tribunal podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias. Además, Garzón acusa al tesorero del PP, Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros de la organización liderada por el empresario Francisco Correa. En su auto también señala que el senador popular Gerardo Galeote pudo percibir de Correa la cantidad de 652.000 euros.

2 de abril. El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco, supuestamente implicado en la trama, dimite como portavoz adjunto del grupo popular de la Asamblea de Madrid. Es uno de los tres diputados del PP de la Asamblea, junto a Alberto López Viejo y Alfonso Bosh, sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ve indicios de posibles delitos.

14 de abril. La Fiscalía Anticorrupción solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tome declaración al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso.

5 de mayo. El Partido Popular suspende cautelarmente de militancia a los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en el 'caso Gürtel', así como al parlamentario regional y ex consejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo, implicado en la causa. La decisión la adopta el Comité de Derechos y Garantías, que de este modo admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama de Francisco Correa.

7 de mayo. El juez Antonio Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

14 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana cita para el día 19 de mayo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al diputado del PP y secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa. Ambos declararán como imputados.

18 de mayo. El magistrado instructor del 'caso Gürtel' en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) traslada al miércoles la declaración prevista para el martes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Mientras, más de un centenar de cargos públicos del PP arropa a Camps durante un acto institucional celebrado en el Palau de la Generalitat.

19 de mayo. El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa declara por el 'caso Gürtel' y asegura que su comportamiento ha sido legal.

20 de mayo. Francisco Camps declara durante casi una hora como imputado por presunto cohecho en el TSJV. A su salida dice estar "satisfecho y muy contento" de haber contado su verdad. El TSJV mantiene la imputación al presidente, aunque no le impone medidas cautelares.

21 de mayo. Detienen en Barajas Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa, de nacionalidad suiza, que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción.

José Tomás, el sastre que hizo los trajes de Francisco Camps, asegura al juez que "todos" los trajes que constan en el sumario del caso Gürtel fueron pagados por Pablo Crespo, 'número dos' del empresario Francisco Correa, administrador único de Orange Market y en prisión desde el mes de febrero por este caso.

22 de mayo. Nueva víctima política del 'caso Gürtel'. Renuncia a su acta de concejal en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, imputado en la presunta trama de financiación ilegal del PP.

9 de junio. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que investiga en el caso Gürtel, impone una fianza de 1.800.000 euros al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Se trata de la fianza más alta de las impuestas hasta ahora a los imputados en el 'caso Gürtel'.

16 de junio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decide remitir la causa del 'caso Gürtel' al Tribunal Supremo (TS), al que pide que llame a declarar como imputados, y "con carácter urgente", al tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas así como a los parlamentarios Jesús Merino y Gerardo Galeote. A Bárcenas le imputa un delito fiscal y otro de cohecho.

22 de junio. La Fiscalía reclama también al Tribunal Supremo que asuma la investigación de todo el 'caso Gürtel' -salvo la parte que se instruye en Valencia- y que pida el suplicatorio ante el Parlamento para proceder contra los parlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino así como del eurodiputado popular saliente Gerardo Galeote.

24 de junio. El Tribunal Supremo asume la investigación del tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, pero descarta hacerse cargo de todo el 'caso Gürtel'.

6 de julio. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors decide continuar la tramitación del procedimiento contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, por un supuesto delito de cohecho y fija la apertura de juicio oral para el próximo día 15.

10 de julio. La Fiscalía pide por segunda vez al Supremo que pida la autorización del Congreso y del Senado para proceder contra Bárcenas y Merino. A su vez, Bárcenas declara que si el juez lo imputa podría dejar su cargo "de forma transitoria".

17 de julio. El Tribunal Supremo llama a declarar como "imputados provisionales" al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado de este partido, Jesús Merino. Bárcelas declarará el 22 de julio y Merino, el 23.

18 y 19 de julio. Uno de los responsables de la trama Gürtel asegura que regaló bolsos de lujo a Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia. La primera edil anuncia que se querellará contra quien difunda "calumnias" contra su persona y el PP emite un duro comunicado en el exige la comparecencia de los ministros de Interior y Justicia por las filtraciones.

22 de julio. El tesorero del PP y senador Luis Bárcenas comparece durante casi tres horas en el Tribunal Supremo como imputado provisional ante el magistrado Francisco Monterde. A su salida del Supremo, Bárcenas declara sentirse "muy contento de poder haber aportado todas las pruebas que demuestran mi inocencia".

23 de julio. El diputado del PP por Segovia, Jesús Merino, imputado provisional en el 'caso Gürtel', afirma que espera que su declaración en el Tribunal Supremo (TS) "sirva para aclarar todas y cada una de las dudas que estaban planteadas" sobre su implicación en el caso. Tras abandonar la sede judicial, donde declara durante cerca de dos horas ante el magistrado instructor de la causa, Francisco Monterde, Merino añade que confía en la Justicia y expresa su satisfacción por haber podido declarar sobre este asunto tal y como había pedido. Preguntado sobre si ha justificado su patrimonio ante el magistrado instructor, asegura que no podía decir "nada más" porque las actuaciones están bajo secreto de sumario.

28 de julio. El senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, presenta su dimisión. Bárcenas declaró el pasado 10 de julio que dejaría "de forma transitoria" su cargo como tesorero del partido si, tras prestar declaración ante el Tribunal Supremo, finalmente el juez pide autorización a las Cortes para imputarle en el caso Gürtel.

29 de julio. Un día después de que dimitiera el tesorero del PP, Luis Bárcenas, el diputado popular Jesús Merino renuncia al cargo que ocupaba como miembro de la dirección del partido en el Congreso, si bien mantendrá su escaño de parlamentario del PP. Además, la Sala de los Penal del Tribunal Supremo acuerda elevar al Senado y al Congreso los suplicatorios para seguir investigando a Bárcenas y a Merino por los delitos de cohecho y fraude fiscal.


3 de agosto. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana archiva la causa interpuesta contra los cuatro acusados por la trama en la Comunidad Valenciana, tras estimar sus recursos. La resolución incluye un voto particular de un magistrado que cree que sólo se debería archivar la causa contra Ricardo Costa, secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts. Ese mismo día, María Teresa Fernández de la Vega anuncia que la Fiscalía General del Estado recurrirá el fallo del TSJCV.

PUBLICADO EN 20MINUTOS.ES